El alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras Rodríguez, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra pública LP-MT-020-2025, que contempló la construcción de dos puentes en el corregimiento de Batata. La acción judicial fue interpuesta por la ciudadana Adriana Isabel Gómez Echenique.
La denuncia, radicada ante el ente acusador, señala que las obras habrían sido ejecutadas parcialmente dentro de un predio privado denominado Puerto Rico, propiedad de la querellante, sin que existiera adquisición previa, proceso de expropiación, servidumbre legalmente constituida ni autorización válida del propietario. Gómez Echenique aseguró haber contratado un topógrafo privado que verificó que las obras de los dos puentes se encuentran dentro de su terreno.
Además del alcalde de Tierralta, la acusación cobija al secretario de Infraestructura del municipio, a la Secretaría de Planeación, al consorcio contratista y a la interventoría del proyecto, así como a quienes resulten comprometidos durante la investigación. Los hechos podrían configurar delitos como peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.
Las acusaciones contra el alcalde de Tierralta y el contrato LP-MT-020-2025
Según el documento presentado ante la Fiscalía, la administración municipal del alcalde Contreras Rodríguez habría avanzado en la ejecución de la obra con recursos públicos sin verificar plenamente la titularidad del terreno. La querellante denunció que, pese a múltiples derechos de petición y reclamaciones formales, no recibió respuestas claras sobre la situación jurídica del predio donde se adelantaron los trabajos.
Gómez Echenique señaló que el alcalde Jesús David Contreras tenía pleno conocimiento de que el terreno le pertenecía y que, pese a ello, no fue contactada durante los estudios previos del predio. La denunciante invocó la Ley 1682 de 2013, que regula los deberes de la administración pública en materia de planeación e inversión de recursos en infraestructura.
El documento solicita a la Fiscalía practicar inspecciones judiciales, ordenar peritajes topográficos independientes, verificar los pagos realizados con recursos del contrato, recaudar los estudios previos y establecer si existieron procesos legales de adquisición del terreno intervenido.
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Tierralta: zona de alto impacto histórico en Córdoba
El caso generó controversia en el departamento de Córdoba por la gravedad de las acusaciones y el posible impacto sobre recursos públicos destinados a infraestructura rural. Tierralta es uno de los municipios más golpeados históricamente por el conflicto armado y el abandono estatal en la región, lo que hace particularmente sensible cualquier señalamiento sobre el uso de fondos públicos en obras de conectividad.
Qué sigue en el caso de Tierralta tras la denuncia penal
Será la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar si los hechos descritos configuran conductas penales y si existen eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o contractuales en torno al proyecto de infraestructura en Tierralta. El ente acusador deberá evaluar las pruebas topográficas aportadas por la querellante, los documentos contractuales y la historia de comunicaciones entre la propietaria del predio y la administración municipal.
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