El candidato presidencial Roy Barreras encendió las alarmas políticas del país al admitir públicamente, en una conversación con el periodista Daniel Coronell del programa Los Danieles, que la liberación de 23 jefes de estructuras criminales en el Valle de Aburrá —ordenada mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 por la Fiscalía General de la Nación— generará resultados electorales favorables para el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. La declaración, que circula en redes sociales, intensificó el debate sobre las garantías electorales a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial.
Qué dijo exactamente Roy Barreras sobre los jefes criminales y las elecciones
Ante la pregunta de Coronell sobre si la excarcelación de los cabecillas en Antioquia buscaría influir en la votación a favor del gobierno, Barreras respondió que el fenómeno no se limitaría a ese departamento. El excandidato extendió el análisis a varias regiones, mencionando el caso del alias Araña, quien ejerce control territorial en Leguízamo (Putumayo), y a figuras como alias Calarcá y alias Erika, señalados de liderar extorsiones en el Caquetá. Según Barreras, en territorios donde actores armados controlan la vida cotidiana, también tienen capacidad de condicionar la participación electoral.
La conversación también abordó prácticas como la recolección de cédulas de identidad en ciertas zonas para gestionar el voto de forma colectiva, y mencionó un caso en López de Micay donde un exdiputado de La Fuerza de la Paz habría sido asesinado en un contexto de disputa territorial. Estas referencias, en boca de alguien que fue parte central del gobierno Petro como presidente del Senado y embajador en el Reino Unido, detonaron reacciones en todo el espectro político.
La liberación de los 23 cabecillas: qué ordenó la Fiscalía y por qué
La medida que desencadenó la polémica fue la suspensión temporal, por seis meses, de las órdenes de captura contra 23 líderes de organizaciones criminales en Medellín, Itagüí, Bello y otros municipios del Valle de Aburrá. La Fiscalía actuó a solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con el argumento de facilitar la participación de estos voceros en espacios de diálogo del proceso de sometimiento colectivo impulsado por el gobierno Petro. Entre los beneficiados figura Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o Carlos Chata, condenado a 16 años por concierto para delinquir agravado; y Walter Alonso Román Jiménez, alias el Tigre, con condena de más de 33 años por secuestro extorsivo y homicidio agravado.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, resumió la postura regional con una frase escueta: los favores se pagan con favores. La senadora Paloma Valencia anunció que acudirá a instancias internacionales para denunciar la decisión, y el candidato Sergio Fajardo advirtió que la paz total no puede convertirse en una estrategia electoral basada en el miedo. Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella señaló que los cabecillas liberados actuarían como operadores de la campaña de Cepeda en territorios con débil presencia estatal.
La oposición también recordó que el Pacto Histórico obtuvo más del 54% de los votos en las zonas que la Misión de Observación Electoral (MOE) había identificado con alta concentración de grupos ilegales en 2022, lo que refuerza las sospechas sobre un patrón sistemático de influencia armada en los resultados electorales.
Cepeda se distancia; Barreras, aislado en el tablero electoral
El propio Iván Cepeda ha intentado tomar distancia de la política de Paz Total de Petro, asegurando que de llegar a la presidencia construirá una nueva estrategia de seguridad. No obstante, las declaraciones de Barreras —quien hasta hace menos de un año era aliado cercano del petrismo— alimentan las sospechas de la oposición sobre un vínculo operativo entre el gobierno y estructuras ilegales con miras a los comicios del 25 de mayo.
En el plano electoral, las palabras de Barreras también revelan su propio aislamiento. El excandidato obtuvo apenas 255.912 votos en la consulta del Frente por la Vida el pasado 8 de marzo, frente a los 1,8 millones que cosechó Cepeda en la consulta del Pacto Histórico. Barreras ha insistido en que los ejércitos mafiosos no pueden decidir quién es el próximo presidente y ha llamado a 24 millones de colombianos a votar masivamente para blindar la legitimidad del resultado.
Qué sigue
La Fiscalía, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo tienen abiertas investigaciones sobre diversas denuncias de irregularidades electorales. De cara al 25 de mayo, la presión sobre el gobierno para garantizar condiciones electorales en zonas de conflicto se intensificará. Las declaraciones de Barreras están siendo evaluadas por organismos de control para determinar si configuran algún tipo de señalamiento que requiera respuesta institucional. El país observa si estas revelaciones derivarán en acciones concretas o quedarán como un episodio más de la polarizada campaña presidencial de 2026.
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