La muerte de Miguel Uribe abrió un frente político de grandes proporciones: sectores de la oposición señalaron al presidente Petro y al candidato presidencial Iván Cepeda de encubrir a los responsables, mientras la Fiscalía emitió órdenes de captura contra presuntos implicados vinculados a la Segunda Marquetalia.
Los cuestionamientos llegaron desde distintos sectores de la oposición, que aprovecharon el caso para poner en entredicho la política de paz total del Gobierno. Sus críticos argumentaron que el modelo de negociación con grupos armados habría fallado y que esa permisividad contribuyó al entorno en el que se produjo la muerte de Uribe.
La Fiscalía, por su parte, actuó con órdenes de captura contra personas vinculadas a la Segunda Marquetalia. Petro y Cepeda rechazaron los señalamientos de encubrimiento, pero el debate político ya estaba instalado y con nombre propio.
