Juliana Guerrero habría conseguido títulos “fantasma” para llegar al poder y ahora enfrentará imputación de la Fiscalía.
La Fiscalía anunció que radicó formalmente una solicitud de imputación de cargos contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
La fiscal delegada de Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, confirmó que el ente acusador solicitó medida de aseguramiento con detención domiciliaria para ambos procesados. La audiencia de imputación deberá ser sustentada ante un juzgado de control de garantías de Bogotá.
La investigación se centra en la presunta expedición irregular de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que obtuvo Guerrero en 2025. Estos documentos fueron publicados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público en agosto y habrían permitido a la joven acceder al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
Durante el proceso investigativo, la Fiscalía acreditó que Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber Pro, requisitos fundamentales para la obtención de títulos profesionales en Colombia. El ente acusador realizó inspecciones judiciales en la universidad y revisó registros en el SIGEP.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien advirtió inconsistencias en la hoja de vida de Guerrero cuando esta aspiraba al cargo en el Ministerio de la Igualdad. El ICFES confirmó posteriormente que Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro.
Tras el anuncio de la Fiscalía este lunes, Pedraza celebró la decisión y cuestionó por qué no se vincula en la imputación a Francisco Pareja y a los representantes legales de la Fundación Universitaria San José, señalando que se trataría de una práctica sistemática y no de un caso aislado.
La Fundación San José anuló los títulos en noviembre, tras admitir que no encontró registro de actividad académica de Guerrero. La universidad destituyó al secretario general y posteriormente se declaró víctima en el caso, presentando denuncia ante la Fiscalía.
Según el Código Penal colombiano, la falsedad ideológica en documento público contempla penas de prisión entre 64 y 144 meses, además de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. El fraude procesal establece penas de prisión de 6 a 12 meses y multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
