El Gobierno y los mineros de carbón de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca lograron un acuerdo para levantar el paro.
El Gobierno y los mineros de carbón de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca lograron un acuerdo para levantar el paro que duró cuatro días, aunque los bloqueos continúan porque otros campesinos agricultores que se sumaron a esa movilización siguen negociando sus peticiones.
El acuerdo se logró luego de los diálogos en los que los mineros presentaron al Gobierno un pliego de diez puntos, centrado en garantizar la seguridad jurídica para el sector, cesar la criminalización de la minería del carbón y establecer una transición energética.
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La protesta, convocada por asociaciones de pequeños y medianos mineros de carbón, incluyó bloqueos en carreteras centrales de Boyacá y Cundinamarca por donde se moviliza el tráfico que entra y sale de Bogotá hacia el centro y norte del país.
“Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá”, escribió el presidente Gustavo Petro, en su cuenta de X.
La Agencia Nacional de Minería explicó en un comunicado que “como parte del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa del paro, la ANM ha avanzado en la suscripción de 15 otrosíes, que permiten a pequeños mineros del departamento de Boyacá continuar desarrollando sus actividades bajo el marco de los contratos de concesión con requisitos diferenciales”.
“Esta acción representa un avance significativo hacia la formalización del sector, bajo estándares técnicos, ambientales y de seguridad minera”, añadió la información.
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La ANM recordó que el carbón metalúrgico, que se utiliza en la fabricación de acero y otros productos, hace parte del “grupo de 17 minerales estratégicos, claves para la estrategia de reindustrialización del país, el desarrollo de la infraestructura, la transición energética y la seguridad alimentaria”.
Igualmente destacó que la firma de los contratos de concesión minera permitió resolver conflictos de titulación y brindó nuevas oportunidades a los mineros que por años trabajaron en condiciones de informalidad.
“Con estas acciones, se impactan positivamente a 1.000 personas directamente y a 5.000 personas indirectamente entre trabajadores y comunidades del entorno”, aseguró la ANM.
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Los que siguen en la protesta son los campesinos que tienen cultivos en zonas de páramos quienes piden flexibilidad del Gobierno y un tiempo de transición para dejar esas actividades y que les den alternativas de trabajo y subsistencia.
El pasado 24 de julio, el Gobierno y los arroceros lograron un acuerdo que consta de siete puntos e incluye la regulación del precio del arroz paddy verde, después de once días de un paro nacional que ocasionó bloqueos en carreteras de once de los 32 departamentos que conforman el país.
Según datos del gremio, del que dependen más de 500.000 familias, la producción del cereal no era rentable antes de este pacto debido a los bajos precios por hectárea cosechada.
EFE
